En la actualidad hemos presenciado
en toda las latitudes, actos de corrupción; ejecutivos y políticos seducidos
por los placeres terrenales, provocando magnos escándalos con pérdidas
monetarias e imagen política y corporativa. Todo esto ha repercutido, en descrédito
y desconfianza en el caso de los accionistas, y en las naciones un aumento
vertiginoso en brechas sociales, desvirtuando el principio del bien común y
afectando los bienes público; estos últimos entendidos, como todo aquello que
produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción, y que tiene
la característica de no ser excluyente ni
rivalidad; siendo público independiente de su estrato social del usuario
y totalmente desligado del grupo sanguíneo.
Ahora bien, debido a las fallas de
gobiernos anteriores, existen externalidades, entendía como un coste u
beneficio impuestos sobre alguien por las acciones de otros, ya sean negativas
o positivas; suscitando la preocupación del derecho del Gobierno de delegar
estás externalidades al sector privado, que debido a su naturaleza de:
competencia, lucro y exclusión; puede ocasionar un deterioro al sector social
más pobre por exclusión; siendo de sumo cuidado controlar que se puede delegar,
para no tener fomentar un puro Estado Neoliberal y solamente tener un Gobierno "fiscalizador",
que engrosa los gastos públicos endosados a los contribuyentes. Además, es de
carácter imperativo que el Gobierno debe controlar, fiscalizar y sancionar con cargas
impositivas, ya sea a las externalidades negativas y positivas; para que
aquellos estén infringiendo la ley pague,
y en los casos de emprendedores sociales que están disminuyendo el coste social
incentivarlos con adecuaciones a las cargas impositivas u otros beneficios.
Desde luego, estás deficiencias de
los mecanismos y/o herramientas aplicadas, para la toma de las decisiones
colectivas políticamente, deben definir
los montos "socialmente óptimos" de los bienes públicos para corregir
las externalidades, que en muchos casos el remedio es más costoso que la
enfermedad; esto debido a la ineficiencia e inercia de los puros burócratas,
que postergan la acción, produciendo altos costos a los contribuyentes. Un
ejemplo típico en nuestro país, es el tema de la seguridad considerado un bien
público, donde el contribuyente paga los impuestos al gobierno central para
costear la seguridad nacional, sin embargo en el caso de Costa Rica, gobiernos
locales y empresas privados, ofrecen seguridad, que en caso de las
municipalidades puede discretamente incrementar el impuesto predial a los demás
para mantener la operación municipal que en muchos casos son estériles.
Hoy
por hoy, se vive en un sistema capitalista salvaje, que acumula vorazmente
riqueza, robándola a otros estratos sociales, siendo evidente no sólo cuando
surgen nuevos capitalistas de la corrupción del Gobierno "chorizos
ejecutivos", del uso privatizado de la justicia y la ley, y de la
liquidación del patrimonio público, sino cuando se patenta la vida, las células
y no los procesos, cuando se trata de hacer negocio con lo que era un patrimonio
universal heredado y legado a nuestros hijos, cuando se hace negocio de la
biodiversidad, de la diversidad cultural, agua, etc. O sea, estamos lejos de un
capital que ya se apropió de todo lo que quería apropiarse y ahora vamos a ver
como recuperamos una parte. Que en muchos casos, se debió las laxas regulación,
repercutiendo nuevos negocios con los bienes públicos, violentado principios
primordiales como la no exclusión, sin embargo es más la corrupción en altas
esferas, que lo voluntad de resarcir todas las fallas del gobierno anteriores.
Abonado
a ello, debido a nuestra cultura política,
nos plantean programas de corto
plazo cada cuatro años, que en muchos casos reina; la improvisación, el despilfarro
de recursos e implementaciones de políticas públicas estériles; siendo los más
afectado los sectores más vulnerables y desfavorecidos; recibiendo a
cuentagotas las "ayudas", para maquillar los índices económicos y así
mejorar la supuesta "inversión social".
Tenemos claro el magno papel del venidero gobierno; la
mayúscula responsabilidad de administrar los bienes públicos de la manera más eficiente
y eficaz para la perpetuidad, sin socavar las economías de los contribuyentes,
siendo estos corresponsables del deterioro de los mismo. Y es ahí, donde se
debe de estimular una conciencia colectiva para una mayor participación
ciudadana en la calidad de los bienes, además es necesario revisar la
estructura de cargas impositivas para aquellos emprendedores sociales que están
alivianando la falta de inversión social del Gobierno, robustecer la
descentralización de bienes y servicios
públicos; y fundamental amalgamar las alianzas público-privado.
Con estas y otras acciones, se pueda generar un
encadenamiento social dinámico, cerrando la brecha entre clases, fomentando la
equidad y sobre todo enalteciendo la dignidad humano, para gozar de un agradable ambiente
tanto para el individuo como para la colectividad.
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